Bajo la lupa: “A la deriva”
Análisis
profundo: ¿por qué la política educativa en la Comunidad Valenciana va a la deriva?
Resumen
Para llevar
a buen término este artículo de opinión, ha sido precisa la consulta de una
importante cantidad de “websites” dada la necesidad de contar con la mayor
cantidad de datos históricos relacionados con el tema
La política educativa en la Comunidad Valenciana se
encuentra en un estado de "deriva" sistémica, caracterizado por la inexistencia
de una dirección coherente y la incapacidad de construir unos acuerdos duraderos.
Esta situación no se debe a un único factor, sino a la convergencia de una
inestabilidad legislativa crónica, una polarización ideológica que
instrumentaliza el debate lingüístico y el modelo de centro, y una persistente
infradotación presupuestaria que erosiona la equidad. La constante
judicialización de las decisiones políticas y la desconexión entre el foco del
debate público y los indicadores de rendimiento académico y social profundizan
esta inercia, consumiendo recursos y energía que deberían destinarse a la
mejora real del sistema. Para superar esta situación, se requiere un cambio de
enfoque que priorice la estabilidad, la inversión estratégica en equidad y
calidad, y la construcción de un acuerdo educativo que trascienda los ciclos
políticos.
Introducción:
El concepto de "deriva" en
el contexto de las políticas públicas
El término "a la deriva" describe con
precisión la trayectoria de la política educativa en la Comunidad Valenciana.
Esta no es una simple situación de estancamiento, sino un estado en el que el
sistema ha perdido su rumbo, atrapado en un ciclo vicioso de acción y reacción
política. Dicha inercia se manifiesta en un vaivén legislativo constante, donde
cada nuevo gobierno busca deshacer lo implementado por su predecesor, en lugar
de construir sobre los avances logrados. Esta dinámica de contrarreforma no es
un fenómeno exclusivo de la Comunidad Valenciana, sino que se inscribe en la
historia de la educación española, marcada por la sucesión de leyes desde la
Ley Moyano de 1857 hasta la actual LOMLOE. Sin embargo, en el ámbito
autonómico, esta tendencia se exacerba, potenciando la incertidumbre que afecta
a estudiantes, docentes y familias.
Los síntomas de esta deriva son múltiples y evidentes.
Se observa una intensa judicialización de las decisiones políticas, una
polarización extrema del debate público, controversias recurrentes sobre la
financiación y el modelo dual de enseñanza, y, finalmente, un estancamiento en
los indicadores de rendimiento académico y social, como la tasa de abandono
escolar, que se mantiene por encima de la media nacional, y las puntuaciones en
competencias clave como el pensamiento creativo. Este artículo de opinión intenta
analizar estos factores interconectados para exponer cómo la política educativa
valenciana se ha desviado de su objetivo principal: garantizar una educación de
calidad y equitativa para todos.
Un marco legislativo en constante
disputa: El efecto péndulo.
La inestabilidad legislativa es el motor principal de
la deriva. El sistema educativo valenciano ha vivido un constante choque de
modelos con cada alternancia de gobierno. La llegada del nuevo Consell, formado
por el Partido Popular y Vox, ha supuesto una ruptura con la política educativa
del anterior gobierno del Botànic. Mientras que el gobierno anterior basaba su
gestión en acuerdos con sindicatos para la definición de plantillas, el actual
ejecutivo ha priorizado la derogación de la normativa precedente para
implementar una nueva visión.
El cambio más significativo es la aprobación de la Ley
1/2024, conocida como Ley de Libertad Educativa, que introduce un modelo de libre
elección de lengua y se presenta como una "reforma
de calado". Sin embargo, este cambio no se ha producido sin una
intensa fricción. La judicialización del proceso ha convertido al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un actor fundamental
y desestabilizador. El TSJCV ya había anulado parcialmente el decreto de
plurilingüismo del gobierno del Botànic en 2017 por considerar que "discriminaba al castellano frente al
valenciano". De manera similar, los sindicatos han denunciado que la
actual Conselleria ha intentado "dilatar" la aplicación de acuerdos
de plantillas ya avalados por el TSJCV, lo que demuestra que el conflicto no se
resuelve en las urnas, sino que se traslada a los tribunales.
Esta inestabilidad no es una mera casualidad, sino la
consecuencia directa de un enfoque político que ve la educación como un campo
de batalla ideológico. Cada gobierno busca derribar el proyecto de su
predecesor, en lugar de reconocer sus aciertos y corregir sus fallos. Este
ciclo de acción-reacción, agravado por la participación del poder judicial,
consume una cantidad considerable de energía y recursos. En lugar de centrarse
en la mejora de la calidad pedagógica o en la atención a las necesidades reales
del alumnado, la administración se enzarza en batallas legales y normativas que
dejan al sistema en un estado de perpetua incertidumbre.
La batalla lingüística como eje de
la polarización ideológica y territorial
La lengua se ha consolidado como el epicentro de la
política educativa valenciana, eclipsando otros debates cruciales. La Ley
1/2024, con su modelo de "lengua
base" y la consulta telemática a las familias, es la manifestación más
clara de esta instrumentalización.
El resultado de la consulta ha revelado una profunda
fractura territorial. Aunque se presentó como un ejercicio de
"libertad", ha evidenciado la división existente en la sociedad
valenciana. Los datos muestran una clara diferencia en las preferencias
lingüísticas entre las provincias: mientras que el valenciano fue elegido por
la mayoría en Castellón (70,5%) y
Valencia (57,8%), el castellano se impuso en Alicante (65,9%).
Esta política, lejos de unificar, podría formalizar y exacerbar la segregación. La implementación de la "libertad de elección" en un contexto de profunda división sociolingüística no genera consenso, sino que institucionaliza la creación de "guetos lingüísticos" dentro del propio sistema educativo. El desafío organizativo que enfrentan los centros para gestionar "líneas" en diferentes idiomas puede agravar aún más esta segregación, afectando negativamente a la equidad y a la cohesión social.
Porcentajes de elección de lengua base por provincias
(consulta telemática)
|
Provincia |
Votos por Valenciano |
Votos por Castellano |
Participación |
|
Castellón |
70,5% |
29,5% |
% |
|
Valencia |
57,8% |
42,2% |
% |
|
Alicante |
34,1% |
65,9% |
% |
Este conflicto ha polarizado a la comunidad educativa.
Por un lado, asociaciones de padres como la Confederación de Padres de Alumnos
(CONCAPA) y la nueva "APA Sagrada Familia" defienden la ley como un
paso "muy positivo" e "igualitario" para garantizar el
derecho de los padres a elegir. Por otro lado, la Confederación de AMPA Gonzalo
Anaya (FAMPA) y el catedrático Joaquim Dolz han criticado la norma, tildándola
de "falsa libertad" que solo busca "discriminar la presencia del
valenciano hasta su eliminación en algunos espacios".
Financiación, gestión y la dualidad
de la red educativa
Otro factor crítico que contribuye a la deriva es la
inversión pública. La Comunidad Valenciana ha mantenido un gasto por alumno en
educación no universitaria consistentemente por debajo de la media nacional.
Gasto público por alumno en la Comunidad Valenciana
vs. media nacional
|
Año |
Gasto en la Comunidad Valenciana |
Media Nacional |
|
2013 |
4880 € |
5231 € |
|
2014 |
4995 € |
5169 € |
|
2015 |
5246 € |
5436 € |
|
2016 |
5510 € |
5607 € |
|
2017 |
5609 € |
5779 € |
Más recientemente, se ha denunciado una política de
recortes. Los socialistas valencianos han señalado una reducción del 18% en
becas universitarias y un drástico recorte del 57% en las ayudas para
transporte universitario en 2024, en comparación con el presupuesto aprobado
por el gobierno anterior. En respuesta,
el ejecutivo actual ha defendido haber "reforzado como nunca" la
política de becas. Esta discrepancia narrativa refleja un estado de
desorientación en la gestión de los recursos, donde la batalla por la
percepción pública de los presupuestos prima sobre un análisis transparente y
objetivo.
La controversia sobre la financiación se extiende al
modelo dual del sistema, que combina centros públicos y centros concertados. La
noción de "libertad de elección" para las familias se ve comprometida
por el cobro generalizado de cuotas en los centros concertados. Informes
recientes de Esade revelan que el 82% de los colegios concertados en la
Comunidad Valenciana cobran cuotas, con una media de 597 euros anuales. Esta
práctica crea una barrera económica de acceso, generando una segregación
socioeconómica de facto. La financiación pública de una red que, en la
práctica, cobra "cuotas voluntarias" a las familias erosiona los
principios de gratuidad y equidad de la educación obligatoria, contribuyendo a
que el sistema se aleje de sus objetivos fundacionales.
Cuota media anual en colegios concertados por
Comunidad Autónoma
|
Comunidad Autónoma |
Cuota Media Anual |
|
Cataluña |
1696 € |
|
Madrid |
1156 € |
|
País Vasco |
959 € |
|
Comunidad Valenciana |
597 € |
|
Andalucía |
453 € |
La comunidad educativa, a través de sindicatos como
ANPE, STEPV y CCOO, ha denunciado que esta falta de inversión se traduce en una
pérdida de poder adquisitivo para el profesorado y una falta de recursos en la
educación pública. La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic también ha
manifestado su rechazo a políticas como la recuperación del "distrito
único", a la que tacha de segregadora, y a la paralización de proyectos de infraestructuras educativas.
Los indicadores de rendimiento:
Cuando las cifras hablan
Mientras el debate político se centra en la lengua y
la financiación, los indicadores de rendimiento muestran que los problemas del
sistema educativo valenciano son de naturaleza más profunda. La tasa de
abandono educativo temprano (AET) en la comunidad se situó en un 15% en 2023,
por encima de la media española del 13,7%. Aunque la cifra se redujo a 12,88%
en 2024, la persistencia de una tasa superior a la media nacional en 2023 es
una señal de alarma.
El Informe PISA de 2022 también ofrece un diagnóstico
de la situación. Aunque la Comunidad Valenciana se sitúa en la media española
en competencia lectora y científica, se encuentra por debajo de la media en una
competencia fundamental para el siglo XXI: el pensamiento creativo.
Puntuaciones de la Comunidad Valenciana en PISA 2022
|
Competencia |
Puntuación de la C. Valenciana |
Media Española |
Media de la OCDE |
|
Lectoras |
Media española |
474 puntos |
474 puntos |
|
Científicas |
Media española |
485 puntos |
485 puntos |
|
Pensamiento
Creativo |
32,5 puntos |
32,8
puntos |
32,7
puntos |
Esta desconexión entre el debate público y los
problemas reales es la manifestación más clara de la deriva. La energía
política se consume en conflictos altamente mediáticos como la lengua o la
gestión de los centros que, aunque relevantes, no abordan directamente las
deficiencias sistémicas señaladas por los datos, la incapacidad del sistema
para retener a los estudiantes y la necesidad de mejorar las habilidades de
pensamiento crítico y creativo. La política educativa parece estar luchando en
batallas equivocadas, mientras los desafíos pedagógicos y de equidad que
realmente importan no reciben la atención ni los recursos necesarios.
Propuestas y conclusiones finales
Para superar la deriva, es fundamental un cambio de
paradigma. Las propuestas de los partidos políticos a menudo reflejan la misma
polarización que lastra el sistema, con enfoques opuestos sobre la libertad de
elección de lengua, la financiación de la escuela concertada o la reducción de
ratios. Si bien el Consell ha introducido medidas como el refuerzo de las
matemáticas y la introducción de la educación financiera, estas son parches que
no abordan la inestabilidad y la falta de consenso de fondo.
La única vía para la estabilidad reside en la
construcción de un acuerdo educativo de largo plazo que trascienda los ciclos
políticos. Dicho acuerdo debería:
Estabilización Legislativa: Establecer un marco normativo que
no sea derogado con cada cambio de gobierno, permitiendo que las políticas
exitosas maduren y den frutos.
Despolitización Lingüística: La gestión de las lenguas
cooficiales debe basarse en criterios pedagógicos, no en eslóganes ideológicos,
con el objetivo de promover el plurilingüismo real y no la segregación.
Compromiso con la Equidad: Un plan de financiación que no solo
aumente el gasto por alumno, sino que garantice la gratuidad y la igualdad de
oportunidades en todas las redes educativas, eliminando las barreras económicas
de acceso.
Priorización de las Necesidades Reales: Desviar el foco del debate hacia
los problemas fundamentales, como la reducción de las tasas de abandono y la
mejora de las competencias del alumnado, invirtiendo en la formación del
profesorado, el bienestar emocional y la innovación pedagógica.
En conclusión, la política educativa valenciana se
encuentra a la deriva porque ha
confundido el debate político con la gestión del sistema. El camino a
seguir no es la batalla constante, sino la búsqueda de unos acuerdos que
permitan a la educación navegar hacia un puerto de estabilidad, calidad y
equidad.
Juan Manuel Sánchez Eugenio
Ingeniero Industrial–Ingeniero de Materiales e Ingeniero Técnico Industrial especialidad electricidad/electrónica
Profesor de Educación Secundaria, especialidad de Sistemas
Electrotécnicos y Automáticos
Profesor asociado del Área de Proyectos del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía–Escuela Politécnica Superior de
Elche–Universidad Miguel Hernández
Asesor del ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche
