Bajo la lupa: “Infraestructuras educativas y unidades técnicas territoriales”

El laberinto administrativo de la educación valenciana: Ineficacia en la gestión de infraestructuras y el colapso del Plan Edificant y las unidades técnicas territoriales

La Dirección General de infraestructuras educativas en el ojo del huracán

La gestión de las infraestructuras educativas en la Comunitat Valenciana, una tarea fundamental para el correcto funcionamiento del sistema escolar, se ha convertido en un campo de batalla de la política y un símbolo de ineficacia administrativa. En el centro de esta tormenta se encuentra la Dirección General de Infraestructuras Educativas (DGIE) y sus unidades técnicas territoriales, cuyas responsabilidades van desde la planificación y construcción de nuevos centros hasta la reforma y el mantenimiento de los existentes. El presente artículo profundiza en los motivos que han llevado a esta situación de parálisis, examinando dos de sus manifestaciones más críticas: el Plan Edificant y la gestión de la emergencia tras la DANA de 2024.

El Plan Edificant, un programa de colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos, ha sido un punto de fricción constante desde el cambio de gobierno. Por otro lado, la catástrofe de la DANA expuso las debilidades estructurales de la respuesta administrativa, con retrasos, falta de transparencia y, en el peor de los casos, graves fallos de seguridad que han cobrado un precio humano. A través de estos dos ejes, este artículo argumenta que la DGIE y sus unidades dependientes no solo han enfrentado desafíos técnicos, sino que se han visto paralizadas por una incesante guerra de narrativas políticas, que ha mermado su capacidad para operar con la eficacia que la comunidad educativa requiere, sin tener en cuenta la calidad del personal adscrito a estos servicios.

La controversia del Plan Edificant: De la promesa de colaboración a la guerra política

El Plan Edificant, concebido para acelerar la construcción y mejora de centros educativos mediante la delegación de competencias a los ayuntamientos, se ha visto sumido en un intenso conflicto político.

Un "fracaso total": La narrativa de la nueva administración

La nueva administración del Consell, liderada por el Partido Popular y Vox, ha calificado el Plan Edificant como un "fracaso total" heredado del gobierno anterior. Según el Conseller de Educación, José Antonio Rovira, el plan fue presupuestado de manera deficiente, "a ojo de buen cubero", lo que ha llevado a los ayuntamientos a solicitar incrementos presupuestarios superiores al 50%. El presidente Carlos Mazón ha llegado a afirmar que el 80% del plan de construcción "está por hacer". En esta línea, el gobierno ha sostenido que no ha paralizado ninguna obra, sino que ha solicitado información a los ayuntamientos que no han comunicado avances en un año para evitar que el "dinero esté parado sin utilizar".

Además, la DGIE ha justificado su inacción en la ampliación del plan, firmada por el gobierno anterior, alegando que un informe de la Abogacía de la Generalitat la consideraba "ilegal". Esta postura ha enmarcado la gestión actual no como una parálisis, sino como una corrección de las supuestas irregularidades y una optimización de los recursos.

La paralización como estrategia: La visión de la oposición y la comunidad educativa

La oposición política y las asociaciones de familias, por su parte, han acusado al actual Consell de utilizar el Plan Edificant como una herramienta de confrontación ideológica. El PSPV ha denunciado la "intención de acabar con el Plan Edificant" y ha alertado sobre el "regreso de los barracones y de Ciegsa", en una clara alusión a la gestión del PP en infraestructuras educativas en el pasado. Compromís ha criticado que la promesa electoral de Mazón de finalizar el 100% del plan en dos años no se está cumpliendo, señalando "un año y medio de parálisis" en las obras.

La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya ha sido una de las voces más críticas, denunciando "recortes económicos" que han supuesto la pérdida de aproximadamente 160 millones de euros en inversiones. La entidad ha exigido la recuperación del plan y ha reclamado la finalización de 43 obras de construcción y mejora de centros en 22 municipios, muchas de ellas paralizadas por la falta de autorización para afrontar los incrementos de la inflación. La movilización de la comunidad educativa contra la paralización del plan demuestra que la inacción de la DGIE no es percibida como una simple cuestión técnica, sino como un "ataque a la educación pública".

La respuesta a la DANA: Retrasos y falta de transparencia

La gestión de la crisis provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024 ha sido otro claro ejemplo de la ineficacia de la Dirección General de Infraestructuras Educativas y sus unidades técnicas.

Las secuelas de la catástrofe y la inacción administrativa

La DANA afectó a 115 centros educativos en la provincia de Valencia, de los cuales ocho requirieron una reconstrucción completa. Siete meses después del suceso, miles de estudiantes seguían sin un rastro de normalidad, con retrasos considerables en la instalación de aulas provisionales. Padres y sindicatos han denunciado la "falta de transparencia y la ausencia de compromisos públicos" por parte de la Conselleria, lo que ha generado "desgaste emocional, ansiedad y estrés" en el profesorado. Un ejemplo de estos retrasos es el de un colegio en el que las aulas provisionales, que debían estar listas para las vacaciones de Pascua o antes de fin de curso, aún no se habían instalado en el mes de junio, lo que impedía incluso impartir clases de Educación Física por la falta de patio.

La crisis se agravó con el trágico accidente en el que un operario falleció mientras realizaba tareas de limpieza en el colegio Lluís Vives de Massanassa. A raíz del suceso, la Inspección de Trabajo reprochó a la Generalitat "deficiencias en seguridad y salud" y la propia Conselleria de Educación reconoció que no había revisado la Evaluación de Riesgos del centro, un "instrumento esencial" para la prevención.

La "paradoja de la culpa" y la respuesta defensiva de la Conselleria

Ante las críticas, el Conseller Rovira ha defendido que su departamento ha destinado 26 millones de euros a las reparaciones y que las obras se han visto retrasadas por una "escasez de mano de obra y la falta de materiales". Sin embargo, en lugar de ofrecer un plan de acción claro, la administración ha optado por una estrategia de "defensa y contraataque". Rovira comparó la gestión actual con la de la DANA de 2019, afirmando que el gobierno anterior no solicitó certificados de higienización ni de salubridad para reabrir los centros educativos.

Esta "paradoja de la culpa" donde la administración actual justifica sus deficiencias señalando los supuestos errores de sus predecesores ha impedido una gestión eficiente de la crisis. La falta de un plan concreto para la reconstrucción de las escuelas afectadas ha obligado a la Diputación de Valencia a ofrecer ayudas a los ayuntamientos para que puedan contratar personal técnico, reconociendo así la incapacidad de las unidades técnicas de la propia Conselleria para gestionar y tramitar los expedientes necesarios para las obras. (se debe hacer hincapié en la calidad técnica del personal adscrito, y preguntarnos si es el más adecuado o no) Este hecho pone de manifiesto una desconexión entre la dirección central y la realidad del terreno, donde la lentitud administrativa y la falta de personal competente se han convertido en un obstáculo para la recuperación.

Conclusiones:

El coste de la inestabilidad en la gestión de las infraestructuras educativas

El análisis del funcionamiento de la Dirección General de Infraestructuras Educativas y sus unidades técnicas revela un patrón de ineficacia sistémica. La inestabilidad política se ha filtrado en la gestión administrativa, transformando dos áreas críticas la planificación a largo plazo de las infraestructuras y la respuesta a emergencias en focos de conflicto.

La politización de la gestión ha llevado a una parálisis de proyectos vitales como el Plan Edificant, perjudicando la planificación de los ayuntamientos y privando a miles de estudiantes de las mejoras necesarias en sus centros. Asimismo, la respuesta a la DANA ha sido un claro fracaso, caracterizado por retrasos y una falta de transparencia que ha generado una gran ansiedad en las comunidades educativas. La propia Conselleria ha admitido negligencias en seguridad y la necesidad de ayuda externa para las tareas que deberían haber sido gestionadas por sus propias unidades técnicas.

En última instancia, la falta de una visión administrativa sólida y no partidista ha convertido a la Dirección General de Infraestructuras Educativas en un canal para el conflicto político, lo que ha resultado en una gestión ineficaz, una erosión de la confianza y, lo que es más importante, un perjuicio directo para la calidad y la seguridad de la educación pública en la Comunitat Valenciana.

Juan Manuel Sánchez Eugenio

Ingeniero Industrial–Ingeniero de Materiales e Ingeniero Técnico Industrial especialidad electricidad/electrónica

Profesor de Educación Secundaria, especialidad de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Profesor asociado del Área de Proyectos del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía–Escuela Politécnica Superior de Elche–Universidad Miguel Hernández

Asesor del ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche