lunes, 17 de agosto de 2026

 La Educación bajo la lupa.

El laberinto de la Conselleria de Educación: Cuando el exceso de «sabios» ahoga las aulas

En el ecosistema institucional de la Comunitat Valenciana existe un fenómeno curioso que se repite legislatura tras legislatura, independientemente del signo político que ocupe el Palau de la Generalitat: la proliferación de iluminados en la Consellería de Educación. Un batallón de teóricos, ingenieros de la pedagogía y cuadros burocráticos que, desde el confort térmico de sus despachos, parecen poseer la fórmula mágica para rediseñar la enseñanza cada cuatro años. Sin embargo, a pie de tiza, la realidad se impone con tozudez: el sistema funciona con una lentitud exasperante y una ineficacia que desespera a docentes, familias y alumnos.

¿A qué se debe esta paradoja? ¿Por qué habiendo tanto «sabio» en los pasillos del poder, la gestión educativa resulta ser tan notoriamente deficiente?

La fábrica de ocurrencias vs. la realidad del aula

El primer gran motivo de esta disfunción radica en el abismo insondable que separa la teoría burocrática del día a día en un centro educativo. Gran parte de estos perfiles directivos e inspectores llevan años o décadas alejados de una clase de 25 o 30 adolescentes.

Innovación por decreto: Se diseñan programas complejos, plataformas digitales deficientes e ingeniería lingüística o curricular sin haber pisado un aula real en el último lustro.

Carga burocrática desmedida: Para justificar su labor, la estructura administrativa genera toneladas de papeleo, memorias y protocolos que ahogan al profesorado, robándole el tiempo que debería dedicar a preparar sus clases o atender a sus alumnos.

Un motor administrativo obsoleto y politizado

Más allá del exceso de teóricos, el verdadero cuello de botella de la Conselleria es de naturaleza estructural y política:

El baile de sillas ideológico: La educación se ha convertido en el principal terreno de batalla partidista. Cada cambio de gobierno implica deshacer todo lo anterior para imponer un nuevo modelo, garantizando una inestabilidad permanente que impide consolidar cualquier proyecto a largo plazo.

Gestión de personal errática: La adjudicación de plazas, la cobertura de bajas y la gestión de las bolsas de trabajo siguen sufriendo colapsos informáticos y administrativos endémicos al inicio de cada curso escolar.

Falta de autonomía real a los centros: Se fiscaliza hasta el último detalle organizativo, impidiendo que los equipos directivos adapten los recursos a las necesidades reales de su entorno escolar.

La factura la pagan los de siempre

El resultado de esta maquinaria hipertrofiada es un sistema rígido, lento e inaccesible. Mientras en los despachos se debaten grandes conceptos abstractos, los colegios e institutos lidian con la falta de personal de apoyo para la inclusión, infraestructuras que se eternizan en su construcción o reforma y una falta galopante de recursos básicos.

La solución a este mal endémico no pasa por traer a más expertos ni por diseñar la enésima ley educativa autonómica. Pasa por devolver el sentido común a la administración: menos laboratorio ideológico, menos burocracia paralizante y un apoyo real y pragmático a quienes, día a día, sostienen la educación con su esfuerzo a pie de aula.

La burocracia en el sistema educativo valenciano ha dejado de ser una herramienta de organización para convertirse en un fin en sí misma, generando lo que muchos docentes definen como «pedagogía del formulario». Este fenómeno impacta directamente en la calidad de la enseñanza y en la salud laboral del profesorado.

Impactos clave en la labor docente

Ladrona de tiempo lectivo: La elaboración constante de memorias, adaptaciones curriculares individualizadas en formatos rígidos, informes de evaluación de competencias y registros de evidencias reduce drásticamente el tiempo dedicado a la preparación de clases, corrección de trabajos e innovación pedagógica real.

Infraestructura digital deficiente: Las plataformas administrativas de la Generalitat (como ITACA) sufren caídas recurrentes, interfaces poco intuitivas y duplicidad de tareas, lo que obliga a repetir la introducción de datos en múltiples formatos.

Docencia defensiva: El exceso de fiscalización provoca que los profesores prioricen la cobertura legal (que todo esté firmado y registrado en la plataforma por si hay una inspección) por encima de la atención personalizada o la empatía con el alumnado.

Síndrome de burnout y desmotivación: La sensación de que el trabajo administrativo eclipsa la vocación docente genera un desgaste psicológico elevado, traduciéndose en mayores tasas de estrés, baja laboral y abandono prematuro de iniciativas de innovación escolar.

El cuello de botella en la atención a la diversidad

El área de inclusión y necesidades educativas especiales es la más damnificada por esta dinámica. Para conseguir apoyos específicos, adaptar un examen o activar un protocolo de atención a un alumno con necesidades particulares, el equipo docente debe completar itinerarios burocráticos kilométricos que tardan meses en tramitarse. Como resultado, la respuesta educativa llega muchas veces cuando el curso escolar ya ha finalizado.

En definitiva, la burocracia administrativa consume el recurso más valioso que tiene un sistema educativo: la energía y el tiempo de dedicación directa del profesor a sus estudiantes.

 

Juan Manuel Sánchez Eugenio

Ingeniero Industrial

Ingeniero de Materiales

Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electricidad/Electrónica

Master en Gestión Ambiental

Master en Evaluación de Impacto Ambiental

Profesor de Educación Secundaria (Ciclos Formativos) especialidad Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Profesor Asociado en el Área de Proyectos de Ingeniería-Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Escuela Politécnica Superior de Elche-Universidad Miguel Hernández

Asesor Ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche

 

viernes, 31 de julio de 2026

 

La Educación bajo la lupa: ¡¡¡Los incendios forestales en España, un año más!!!

El fenómeno de los incendios forestales en España es un problema complejo que abarca factores climáticos, territoriales, socioeconómicos y de organización institucional. Para comprender por qué resulta tan difícil detenerlos y cómo se distribuyen las responsabilidades respecto a los recursos, es necesario analizar dos dimensiones: los factores físicos del territorio y el marco de competencias públicas.

¿Por qué es tan difícil detener los incendios forestales?

Expertos e ingenieros forestales señalan que la dificultad para sofocar los incendios actuales supera ampliamente la disponibilidad de camiones, hidroaviones o brigadas. Las principales causas son:

Matorralización y abandono del entorno rural: Durante décadas, el éxodo de la población rural y la reducción de la ganadería extensiva, la agricultura local y la recolección de leña han provocado una acumulación masiva de biomasa (combustible vegetal) en los montes. El paisaje se ha vuelto continuo, denso y sin franjas de discontinuidad.

Condiciones climáticas extremas: Las olas de calor prolongadas, la sequía acumulada y los episodios de baja humedad relativa y fuertes vientos resecan la vegetación, haciendo que arda con extrema rapidez.

Incendios de "sexta generación": En situaciones climáticas extremas, los fuegos liberan tanta energía que modifican las condiciones meteorológicas locales a su alrededor (creando pirocúmulos y fuertes corrientes de aire). Estos megaincendios sobrepasan la capacidad física de extinción humana y técnica; en sus momentos de mayor intensidad, no se pueden apagar directamente lanzando agua hasta que cambian las condiciones del tiempo.

Causalidad e ignición: Más del 80-90 % de los fuegos en España tienen origen humano, ya sea por negligencias (quemas agrícolas, chispas de maquinaria, colillas) o intencionados, a lo que se suman los rayos originados en tormentas secas.

Reparto de competencias: ¿Quién es el responsable de los medios?

El marco normativo español (Constitución Española y Ley de Montes) distribuye las competencias entre los distintos niveles de la Administración:

Las Comunidades Autónomas (Competencia Directa)

Gestión y prevención: Las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en materia de montes, aprovechamientos forestales, prevención y extinción de incendios en su territorio.

Medios: Son responsables directas de contratar, dotar y organizar a los bomberos forestales, brigadas de tierra y medios aéreos autonómicos, así como de presupuestar los planes de prevención e inversión en el monte a lo largo del año.

El Gobierno Central (MITECO y Defensa)

Apoyo y coordinación: La Administración General del Estado (a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - MITECO) no gestiona directamente los montes de las comunidades, sino que despliega medios estatales de cobertura nacional para apoyar a las autonomías que lo soliciten.

Recursos del Estado: Aporta aviones anfibios (hidroaviones operados por el Ejército del Aire), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando la gravedad del fuego supera la capacidad de la comunidad y esta eleva el nivel de emergencia.

Las Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones)

Interfaz urbano-forestal: Tienen competencias en ordenación urbana local y en la exigencia/ejecución de franjas de protección alrededor de urbanizaciones y núcleos habitados en contacto con el monte.

El debate técnico: ¿Falta de medios o desequilibrio en el gasto?

Los análisis técnicos concluyen que España cuenta con uno de los dispositivos de extinción en verano más potentes del mundo. La crítica principal de los colectivos forestales y ecologistas no radica en la cantidad de medios de extinción estivales, sino en la distribución del presupuesto público:

El problema del modelo: La gran mayoría del presupuesto se destina a la extinción durante los meses de verano, mientras que la inversión en prevención (limpieza de bosques, desbroces, pastoreo adaptado, aprovechamiento de la madera y desarrollo de la economía rural) durante el resto del año suele ser insuficiente.

Vamos a intentar profundizar algo más en este tema. Que nos quede claro que los incendios del verano se apagan en invierno

Nos podríamos hacer miles de preguntas al respecto, pero la conclusión al final siempre sería la misma.

Sí, existen medios reales y herramientas efectivas, aunque es crucial matizar qué entendemos por "evitar": es imposible eliminar el riesgo a cero debido al clima mediterráneo y al impacto del mal llamado cambio climático, pero sí se puede mitigar drásticamente la frecuencia de los fuegos y evitar que se conviertan en Grandes Incendios Forestales.

A corto plazo (de semanas a pocos meses de margen) la estrategia no pasa por cambiar el modelo forestal —algo que requiere años—, sino por la gestión directa del combustible vegetal, la tecnología de detección precoz y la disciplina organizativa.

Medios de prevención y gestión directa a corto plazo

El problema principal de los montes españoles es la sobrecarga de biomasa (maleza, matorral, ramas secas) debido al abandono rural. Las actuaciones inmediatas más eficaces son:

Ganadería extensiva ("pastoreo contraincendios"): En comunidades como Andalucía (red RAPCA), la Comunitat Valenciana o Cataluña se paga a los ganaderos para que sus rebaños de ovejas y cabras pasten en fajas estratégicas y cortafuegos. Es una de las herramientas más baratas y eficientes para mantener limpia la vegetación baja antes del verano.

Fajas de protección en la interfaz urbano-forestal: Limpieza obligatoria de un perímetro de seguridad (habitualmente de 25 a 50 metros) alrededor de urbanizaciones, pueblos e infraestructuras en el monte. Limpiar la vegetación muerta en los accesos antes de julio evita la propagación del fuego a zonas habitadas.

Tratamientos selvícolas de choque: Desbroces mecanizados, podas bajas y aclareos selectivos en puntos estratégicos del territorio (los denominados "puntos estratégicos de gestión") para romper la continuidad de la masa forestal.

Restricciones y regulación estricta: Prohibición temporal de quemas agrícolas, uso de maquinaria pesada o radiales en el monte en días de alerta por ola de calor o viento fuerte (regla del 30-30-30: más de 30 °C, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 km/h).

Tecnología y respuesta ultrarrápida

Para evitar que un conato de incendio se convierta en un gran fuego descontrolado, el factor tiempo en la primera media hora es clave:

Cámaras térmicas e IA de vigilancia: Redes de cámaras de alta definición con sensores infrarrojos e inteligencia artificial instaladas en torres de vigilancia para detectar columnas de humo en minutos, incluso de noche.

Monitoreo satelital en tiempo real: Uso de satélites (como la constelación Sentinel de Copernicus o los satélites de la NASA) y drones térmicos para detectar puntos calientes y guiar a las brigadas sobre el terreno.

Operativos integrados durante todo el año: La profesionalización de los operativos de prevención y extinción para que no se constituyan solo en julio y agosto, permitiendo que las brigadas estén activas, coordinadas y posicionadas desde el inicio de la campaña estival.

Principales obstáculos por resolver

A pesar de existir estas herramientas, el margen de actuación a corto plazo choca frecuentemente con tres barreras:

La propiedad privada del monte: Alrededor del 70% de la superficie forestal en España es de propiedad privada, a menudo dividida en minifundios de dueños desconocidos o no localizables, lo que dificulta la obligación legal de mantener limpios los terrenos.

Coordinación burocrática: La gestión de incendios depende de las Comunidades Autónomas, mientras que ciertos apoyos (como la UME o los medios aéreos del Ministerio) son estatales. La falta de un mando o protocolo único homogeneizado a nivel nacional a veces retrasa las actuaciones.

El enfoque centrado en la extinción y no en la gestión: Históricamente, la mayor parte del presupuesto se destina a apagar el fuego en verano (helicópteros, hidroaviones) en lugar de invertir durante el otoño e invierno en la preparación y mantenimiento del paisaje.

Vamos a hacernos la pregunta del millón: ¿Hay algún producto para la lucha contra el incendio?

La respuesta es SI.

El producto revolucionario anunciado y demostrado en El Hormiguero para la extinción y prevención de incendios es Ecofire.

Presentado en el programa por su inventor, el empresario aragonés César Sallén (junto a Marron y Pablo Motos), se trata de un fluido ecológico que llamó enormemente la atención por sus propiedades:

¿Cómo funciona y qué características tiene?

Bloqueador térmico y no un mero retardante: A diferencia del agua o los retardantes habituales, Ecofire actúa como una barrera o "escudo". Lo que se impregna con este líquido no arde, permitiendo crear cortafuegos preventivos en vegetación, granjas o perímetros urbanos.

Hasta 100 veces más eficaz que el agua: Aísla el material del oxígeno de manera inmediata y reduce drásticamente la temperatura.

100% Ecológico y biodegradable: Es completamente inocuo para el medio ambiente, los animales y las personas, y no acidifica ni contamina el suelo.

Efecto duradero: Permanece en la vegetación o superficie donde se aplica hasta que es lavado por lluvia abundante.

Eficaz contra baterías de litio: Además de incendios forestales y agrícolas, ha demostrado ser muy efectivo extinguiendo fuegos en baterías eléctricas y vehículos, los cuales suelen ser muy difíciles de apagar con agua tradicional.

Aunque Ecofire demostró un rendimiento espectacular en plató y cuenta con un gran potencial, su implantación masiva a gran escala en los operativos oficiales de extinción e infraestructuras forestales enfrenta varios desafíos técnicos, logísticos y administrativos:

El gran reto de la logística y el volumen

El agua sigue siendo "gratis" y abundante en el terreno: El gran valor del agua en la extinción forestal es que se puede cargar directamente de embalses, mares o ríos en cuestión de minutos mediante hidroaviones, helicópteros o autobombas.

Cadena de suministro pesada: Llevar miles de litros de un producto concentrado o premezclado a zonas de montaña de difícil acceso exige una infraestructura logística enorme (camiones cisterna dedicados, puntos de mezcla y repostaje específico).

Homologaciones y normativas europeas

Certificaciones internacionales estrictas: Para que los medios aéreos estatales (como los aviones apagafuegos del Ejército del Aire o el Ministerio) o los bomberos autonómicos utilicen un producto químico nuevo de forma masiva, este debe pasar por exhaustivos, largos y costosos procesos de homologación técnica (normas NATO/OTAN, estándares de aviación militar, ensayos de toxicidad acuática a gran escala, etc.).

Compatibilidad con la maquinaria: Es necesario verificar que los componentes del producto no corroan ni obstruyan con el tiempo las bombas, conducciones y depósitos de los camiones de bomberos o los sistemas de pulverización de los aviones.

 Costes económicos de despliegue

Inversión inicial frente a presupuestos públicos: Aunque a la larga puede ahorrar millones al evitar la destrucción por fuego, el coste por litro de un producto formulado siempre será superior al coste del agua tratada o de los retardantes clásicos (como polifosfatos de amonio ya estandarizados y comprados en grandes licitaciones públicas).

Adaptación de licitaciones públicas: Las administraciones públicas funcionan mediante pliegos de contratación muy rígidos que suelen renovarse cada varios años. Introducir una tecnología disruptiva exige modificar las condiciones de los concursos públicos.

¿Dónde es más viable a corto plazo?

Por estas razones, la implantación de este tipo de soluciones no suele empezar sustituyendo de golpe a los aviones del Estado, sino en usos de nicho muy estratégicos:

Protección preventiva de fajas periurbanas: Aplicarlo en el perímetro de urbanizaciones, gasolineras, torres de alta tensión o granjas antes de que llegue el fuego.

Cuerpo de bomberos urbanos e industriales: Para fuegos de alto riesgo y difícil extinción con agua, como baterías de vehículos eléctricos o naves industriales.

Uso privado y agrícola: Por parte de agricultores para proteger sus cosechas (maquinaria cosechadora) o fincas privadas en momentos críticos de riesgo.

En conclusión:

Volvemos a tropezar con la jodida burocracia y parece ser que soluciones haberlas las hay, pero es preferible no intentar buscar la forma de implantarlas debido a los altos costes y se prefiere ver como todos los veranos en España se nos queman los pulmones, nuestros queridos y tan necesarios bosques.

Pues nada sigamos así y echémosle la culpa a ese mal llamado cambio climático.

Que buena escusa tiene este gobierno que prefiere gastar el dinero del contribuyente en crear grupos de asesores, esos científicos que apoyan al gobierno y sobre todo al cambio climático, jajajaja, perdonen ustedes que me ría, pero,  así nos va.

 Juan Manuel Sánchez Eugenio

-          Ingeniero Industrial

-          Ingeniero de Materiales

-          Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electricidad/Electrónica

-          Máster en Gestión Ambiental

-          Máster en Evaluación de Impacto Ambiental

-          Profesor de Enseñanza Secundaria (Ciclos Formativos) en la especialidad de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

-          Profesor Asociado del Área de Proyectos de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía en la Escuela Politécnica Superior de Elche-Universidad Miguel Hernández

-          Asesor del Ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche

lunes, 27 de julio de 2026

 La Educación bajo la lupa: Plan EduClima de la Consellería de Educación Generalitat Valenciana

La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Plan EduClima, una iniciativa dotada con 140 millones de euros destinada a adaptar térmicamente los centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana.

Esta medida responde al incremento generalizado de las temperaturas durante los meses de primavera y verano, que dificulta el rendimiento académico y afecta a la salud de la comunidad educativa.

Pros de la decisión

Bienestar y salud pública: Mantener las aulas dentro de los rangos de temperatura que exige la normativa sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, que fija entre 17 °C y 27 °C para los trabajos sedentarios).

Mejora del rendimiento académico: El estrés térmico reduce significativamente la concentración y aumenta la fatiga tanto en el alumnado como en el profesorado.

Agilización de trámites mediante ayuntamientos: El plan contempla transferir fondos directamente a las entidades locales (con una primera partida de 32 millones de euros) para agilizar licencias y ejecuciones sin atascar la burocracia autonómica.

Revalorización del patrimonio público: La actualización tecnológica de los edificios escolares aumenta su vida útil y reduce la brecha de calidad entre instalaciones antiguas y de nueva construcción.

Contras y retos del proyecto

Aumento de la factura energética: La instalación de sistemas de climatización convencionales (bomba de calor / aire acondicionado) incrementa notablemente el consumo eléctrico mensual de los centros y de los ayuntamientos (encargados del mantenimiento en educación infantil y primaria).

Insuficiencia del aislamiento térmico en edificios antiguos: Gran parte del parque escolar valenciano fue construido antes de las normativas modernas de eficiencia energética. Instalar aire acondicionado en aulas con mal aislamiento provoca fugas masivas de energía.

Potencia eléctrica contratada e infraestructura interna: Muchos centros carecen de la potencia eléctrica contratada o del cableado adecuado para soportar el consumo simultáneo de 20 a 30 equipos industriales o splits sin hacer saltar las protecciones o requerir la reforma de las acometidas eléctricas.

Medidas provisionales criticadas: Equipos directivos y sindicatos han expresado reticencias ante el uso de soluciones temporales o portátiles ("pingüinos") antes de que se completen las obras estructurales.

Viabilidad económica: ¿Alcanzan 140 millones de euros para todos los centros?

Para determinar si la dotación es suficiente, es necesario analizar la métrica por centro y por aula:

 

Parámetro

Estimación media

Centros públicos en la Comunitat Valenciana

1.639 centros (CEIP, IES, CEE, etc.)

Asignación media bruta por centro

85.400 € / centro

Aulas medias por centro

18 - 24 aulas (sin contar espacios comunes)

Inversión media proyectada por aula

3.500 € - 4.500 €

Evaluación técnica de la suficiencia del presupuesto

·       Si se limita a la instalación básica de climatización (bombas de calor / aerotermia):

Sí es viable para cubrir la instalación de equipos en las aulas de la práctica totalidad de los centros públicos (a razón de unos 3.000 € a 4.000 € por aula, incluyendo equipos tipo conductos o multi-split industriales y mano de obra).

·       Si se requiere adaptación integral de la envolvente o ampliación de potencia eléctrica:

No es suficiente si en un porcentaje alto de colegios hay que sustituir carpinterías/ventanas, rehacer cubiertas, aumentar la potencia contratada mediante nuevos centros de transformación o instalar placas fotovoltaicas de autoconsumo. Una reforma térmica integral por centro puede superar fácilmente los 300.000 € a 500.000 €.

Conclusión técnica: Los 140 millones de euros son una dotación suficiente para una climatización directa (equipos de climatización / aerotermia), pero insuficiente si se pretende realizar una rehabilitación energética integral de los inmuebles sin apoyarse en otros programas de infraestructuras o fondos de eficiencia energética la cual se debería realizar para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones.

Valoración global del impacto

El Plan EduClima supone un paso pragmático y urgente hacia la adaptación al mal llamado cambio climático. No obstante, su éxito a largo plazo dependerá de tres factores clave:

Acompañamiento con energía solar (autoconsumo): Aprovechar las cubiertas de los colegios para instalar paneles fotovoltaicos es imprescindible para compensar el gasto eléctrico en las horas de mayor radiación solar (que coinciden con la jornada escolar).

Coordinación con las entidades locales: Mantener la agilidad en la transferencia de fondos a los ayuntamientos evitara cuellos de botella en la contratación pública.

Planificación por fases según vulnerabilidad: Priorizar los centros ubicados en zonas con temperaturas extremas o aquellos con peor orientación térmica y menor ventilación cruzada.

 CONCLUSIÓN:

Como siempre la Conselleria con el apoyo de sus técnicos que supuestamente son los expertos en infraestructuras educativas, cometerá el error de gastar una importante cantidad de euros, para nada, lo lamentable es que no se realizan por parte de esos maravillosos técnicos, los estudios necesarios para resolver los problemas, manteniendo criterios en muchos casos obsoletos y que dejan mucho de desear.

Lo peor del caso es que no existe nadie entre los maravillosos técnicos que forman las Unidades Técnicas de Infraestructuras educativas de esta Consellería de Educación que diga con claridad y suficiencia los pasos reales a llevar a cabo para poder dar una solución adecuada al problema. ¡Mira que es fácil hacer una “O” con un canuto!

 

Juan Manuel Sánchez Eugenio

Ingeniero Industrial

Ingeniero de Materiales

Ingeniero Técnico Industrial especialidad Electricidad/Electrónica

Master en Gestión Ambiental

Master en Evaluación de Impacto Ambiental

Profesor de Educación Secundaria (Ciclos Formativos) especialidad Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Profesor Asociado en el Área de Proyectos de Ingeniería-Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Escuela Politécnica Superior de Elche-Universidad Miguel Hernández

Asesor Ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche

lunes, 20 de julio de 2026

  

La educación bajo la lupa: Oposiciones y analfabetismo

El debate sobre el nivel cultural, la preparación y el supuesto "analfabetismo" (funcional u ortográfico) de los futuros docentes en las oposiciones en España es un tema complejo que levanta pasiones, frustraciones y mucha autocrítica dentro del propio sector educativo.

No es raro ver titulares alarmantes cada vez que se celebran oposiciones de educación, especialmente en Primaria y Secundaria, donde se filtran exámenes con faltas de ortografía graves, lagunas de cultura general o suspensos masivos en las pruebas de conocimientos.

Paso a desglosar bajo mi punto de vista, los puntos clave de este problema, analizando si es un fallo del sistema de oposiciones, de la Universidad o de un cambio social más profundo:

El síntoma: Suspensos masivos y "analfabetismo funcional"

En varias comunidades autónomas, los tribunales de oposición han llegado a suspender a un porcentaje altísimo de aspirantes (en ocasiones, hasta el 70% o 80% en la primera fase). Los correctores suelen señalar tres problemas principales:

Faltas de ortografía y de expresión: Opositores que confunden la "b" y la "v", que no ponen tildes o que muestran una redacción inconexa y pobre.

Falta de cultura general básica: Errores flagrantes en geografía, historia o ciencias en las pruebas que miden conocimientos generales (la famosa "prueba común" de algunas comunidades).

Memorización vacía: Aspirantes que son capaces de recitar la legislación vigente de memoria, pero que fallan al resolver un problema matemático básico o al analizar un texto literario.

¿Dónde está la raíz del problema?

Culpar exclusivamente al opositor es quedarse en la superficie. Los expertos y los propios docentes apuntan a un fallo sistémico en cadena:

La devaluación de los grados universitarios: Existe una fuerte crítica hacia las facultades de Educación. Muchos docentes universitarios confiesan que existe una enorme presión para "aprobar por sistema" y que los niveles de exigencia en lectura, redacción y pensamiento crítico han bajado drásticamente en los últimos años.

El declive del hábito lector: Los futuros profesores pertenecen a generaciones que han crecido en la cultura de la inmediatez digital. Se lee menos literatura en formato largo y se escribe de forma más fragmentada, lo que pasa factura a la hora de redactar un tema de oposición de 20 páginas a mano.

El enfoque del sistema educativo previo: La tendencia pedagógica actual prioriza las competencias sobre los contenidos memorísticos o puramente académicos. El problema surge cuando se intenta enseñar "competencias" sin una base sólida de conocimientos previos.

El problema del sistema de Oposiciones

El propio modelo de oposición también está en el punto de mira. Muchos se preguntan: ¿un examen de memorización pura mide realmente quién será un buen profesor?

Actualmente, el sistema premia la capacidad de retener temarios enormes y de plasmarlos en un tiempo récord. Esto genera dos distorsiones:

Gente muy culta y con gran vocación que se queda fuera por no tener tiempo o dinero para pagar a una academia que les enseñe "el truco" para aprobar.

Gente que aprueba memorizando como un robot, pero que carece de habilidades comunicativas, empatía o capacidad real para gestionar un aula de 30 adolescentes.

El verdadero peligro: El analfabetismo más preocupante no es el de no saber escribir una palabra (que es grave), sino el analfabetismo pedagógico y cultural: futuros profesores que no tienen pasión por el conocimiento y que ven la docencia simplemente como una salida laboral segura con vacaciones pagadas.


Juan Manuel Sánchez Eugenio

Ingeniero Industrial – Ingeniero de Materiales – Ingeniero Técnico Industrial

Profesor de Enseñanza Secundaria Ciclos Formativos - Especialidad Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Asesor ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche

Profesor asociado en el Área de Proyectos de Ingeniería del Departamento de Mecánica y Energía de la Escuela Politécnica Superior de Elche – Universidad Miguel Hernández

 

jueves, 16 de julio de 2026

 

La educación bajo la lupa: Implantación de la nueva Ley de FP

La implantación de la nueva Ley de Formación Profesional (Ley Orgánica 3/2022), que entró en vigor con fuerza en las aulas de la Comunidad Valenciana, ha supuesto una auténtica revolución organizativa. El gran cambio es que toda la FP pasa a ser dual, lo que significa que el alumnado debe pisar la empresa desde el primer curso formativo.

Aunque sobre el papel la idea de una inmersión temprana suena excelente, la realidad de su aplicación práctica en el territorio valenciano ha levantado una enorme ola de protestas y críticas por parte de los sindicatos docentes (como STEPV, ANPE o CSIF) y de los propios equipos directivos de los centros.

Los grandes puntos de fricción de la FP Dual en la Comunidad Valenciana

El colapso burocrático: Docentes convertidos en administrativos

La crítica más unánime del profesorado es la ingente cantidad de "papeleo" que exige el nuevo sistema.

Los profesores ya no solo enseñan; ahora actúan como comerciales y gestores administrativos. Tienen que buscar de forma activa decenas de empresas dispuestas a acoger alumnos, redactar y firmar convenios individuales, y diseñar detallados planes de formación adaptados a cada una de esas empresas.

En lugar de preparar las clases o atender las dudas de los alumnos en el taller, los tutores de FP pasan horas rellenando plantillas de evaluación por competencias y gestionando plataformas de registro digital que muchas veces no funcionan correctamente.

El "reparto" forzado de alumnos (La falta de tejido empresarial)

La Comunidad Valenciana tiene un tejido empresarial compuesto de forma muy mayoritaria por pymes y micropymes (pequeños talleres, comercios locales, oficinas con apenas dos o tres empleados).

El problema del espacio: Una empresa pequeña apenas tiene margen físico o de personal para tutorizar a un alumno. Si se le obliga a acoger estudiantes desde el primer año (cuando apenas tienen conocimientos básicos de seguridad o de la materia), la empresa se satura.

La paradoja de los sectores: Mientras que en sectores como la informática o la administración es más sencillo encontrar hueco, en especialidades industriales pesadas, químicas o de sanidad, encontrar empresas suficientes y seguras para meter a alumnos de primer año se ha convertido en una misión imposible para los centros de las comarcas más pequeñas.

Alumnos "mano de obra" frente a alumnos en formación

Uno de los mayores temores de los docentes es la devaluación del "fundamento educativo" en favor de los intereses de producción de las empresas.

Al enviar a los estudiantes a la empresa tan pronto (en el primer curso), muchos aún no han adquirido las competencias mínimas de seguridad ni los conceptos técnicos básicos en el centro docente.

Los docentes denuncian que algunas empresas, al recibir a alumnos tan poco preparados, terminan asignándoles tareas repetitivas, mecánicas o de limpieza que aportan muy poco a su perfil profesional, utilizándolos en la práctica como mano de obra barata (o gratuita) en lugar de formarlos de manera integral.

La pérdida de horas de taller y docencia directa

Para que el alumno pueda pasar tantas horas en la empresa, se han tenido que recortar las horas de clase presencial en el centro.

Los profesores lamentan que se esté perdiendo el aula como espacio de debate, de ensayo-error y de maduración.

En el instituto, si un alumno comete un error con una máquina o un software, se analiza educativamente y se aprende de ello. En el entorno real de una empresa sometida a ritmos de producción y facturación, un error grave del alumno puede suponer un conflicto, lo que genera una presión y un estrés innecesarios en estudiantes de apenas 16 o 17 años que aún no están maduros.

En resumen: Una ley pensada para multinacionales aplicada a pymes locales

El sentir general en la comunidad educativa valenciana es que la ley se diseñó con un modelo mental "alemán" (pensado para grandes corporaciones industriales con departamentos de recursos humanos dedicados exclusivamente a la formación) y se ha encajado a la fuerza en una estructura educativa valenciana infrafinanciada y un tejido empresarial local que no puede absorber semejante responsabilidad.

El resultado es un sistema que funciona a base de la asfixia, el voluntarismo y las horas extra no pagadas de los tutores de FP en los centros públicos y concertados de la Comunitat.

 

Juan Manuel Sánchez Eugenio - Ingeniero Industrial

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