Bajo la lupa: “A la deriva”

Análisis profundo: ¿por qué la política educativa en la Comunidad Valenciana va a la deriva?

Resumen

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La política educativa en la Comunidad Valenciana se encuentra en un estado de "deriva" sistémica, caracterizado por la inexistencia de una dirección coherente y la incapacidad de construir unos acuerdos duraderos. Esta situación no se debe a un único factor, sino a la convergencia de una inestabilidad legislativa crónica, una polarización ideológica que instrumentaliza el debate lingüístico y el modelo de centro, y una persistente infradotación presupuestaria que erosiona la equidad. La constante judicialización de las decisiones políticas y la desconexión entre el foco del debate público y los indicadores de rendimiento académico y social profundizan esta inercia, consumiendo recursos y energía que deberían destinarse a la mejora real del sistema. Para superar esta situación, se requiere un cambio de enfoque que priorice la estabilidad, la inversión estratégica en equidad y calidad, y la construcción de un acuerdo educativo que trascienda los ciclos políticos.

Introducción:

El concepto de "deriva" en el contexto de las políticas públicas

El término "a la deriva" describe con precisión la trayectoria de la política educativa en la Comunidad Valenciana. Esta no es una simple situación de estancamiento, sino un estado en el que el sistema ha perdido su rumbo, atrapado en un ciclo vicioso de acción y reacción política. Dicha inercia se manifiesta en un vaivén legislativo constante, donde cada nuevo gobierno busca deshacer lo implementado por su predecesor, en lugar de construir sobre los avances logrados. Esta dinámica de contrarreforma no es un fenómeno exclusivo de la Comunidad Valenciana, sino que se inscribe en la historia de la educación española, marcada por la sucesión de leyes desde la Ley Moyano de 1857 hasta la actual LOMLOE. Sin embargo, en el ámbito autonómico, esta tendencia se exacerba, potenciando la incertidumbre que afecta a estudiantes, docentes y familias.

Los síntomas de esta deriva son múltiples y evidentes. Se observa una intensa judicialización de las decisiones políticas, una polarización extrema del debate público, controversias recurrentes sobre la financiación y el modelo dual de enseñanza, y, finalmente, un estancamiento en los indicadores de rendimiento académico y social, como la tasa de abandono escolar, que se mantiene por encima de la media nacional, y las puntuaciones en competencias clave como el pensamiento creativo. Este artículo de opinión intenta analizar estos factores interconectados para exponer cómo la política educativa valenciana se ha desviado de su objetivo principal: garantizar una educación de calidad y equitativa para todos.

Un marco legislativo en constante disputa: El efecto péndulo.

La inestabilidad legislativa es el motor principal de la deriva. El sistema educativo valenciano ha vivido un constante choque de modelos con cada alternancia de gobierno. La llegada del nuevo Consell, formado por el Partido Popular y Vox, ha supuesto una ruptura con la política educativa del anterior gobierno del Botànic. Mientras que el gobierno anterior basaba su gestión en acuerdos con sindicatos para la definición de plantillas, el actual ejecutivo ha priorizado la derogación de la normativa precedente para implementar una nueva visión.

El cambio más significativo es la aprobación de la Ley 1/2024, conocida como Ley de Libertad Educativa, que introduce un modelo de libre elección de lengua y se presenta como una "reforma de calado". Sin embargo, este cambio no se ha producido sin una intensa fricción. La judicialización del proceso ha convertido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un actor fundamental y desestabilizador. El TSJCV ya había anulado parcialmente el decreto de plurilingüismo del gobierno del Botànic en 2017 por considerar que "discriminaba al castellano frente al valenciano". De manera similar, los sindicatos han denunciado que la actual Conselleria ha intentado "dilatar" la aplicación de acuerdos de plantillas ya avalados por el TSJCV, lo que demuestra que el conflicto no se resuelve en las urnas, sino que se traslada a los tribunales.

Esta inestabilidad no es una mera casualidad, sino la consecuencia directa de un enfoque político que ve la educación como un campo de batalla ideológico. Cada gobierno busca derribar el proyecto de su predecesor, en lugar de reconocer sus aciertos y corregir sus fallos. Este ciclo de acción-reacción, agravado por la participación del poder judicial, consume una cantidad considerable de energía y recursos. En lugar de centrarse en la mejora de la calidad pedagógica o en la atención a las necesidades reales del alumnado, la administración se enzarza en batallas legales y normativas que dejan al sistema en un estado de perpetua incertidumbre.

La batalla lingüística como eje de la polarización ideológica y territorial

La lengua se ha consolidado como el epicentro de la política educativa valenciana, eclipsando otros debates cruciales. La Ley 1/2024, con su modelo de "lengua base" y la consulta telemática a las familias, es la manifestación más clara de esta instrumentalización.

El resultado de la consulta ha revelado una profunda fractura territorial. Aunque se presentó como un ejercicio de "libertad", ha evidenciado la división existente en la sociedad valenciana. Los datos muestran una clara diferencia en las preferencias lingüísticas entre las provincias: mientras que el valenciano fue elegido por la mayoría en Castellón (70,5%) y Valencia (57,8%), el castellano se impuso en Alicante (65,9%).

Esta política, lejos de unificar, podría formalizar y exacerbar la segregación. La implementación de la "libertad de elección" en un contexto de profunda división sociolingüística no genera consenso, sino que institucionaliza la creación de "guetos lingüísticos" dentro del propio sistema educativo. El desafío organizativo que enfrentan los centros para gestionar "líneas" en diferentes idiomas puede agravar aún más esta segregación, afectando negativamente a la equidad y a la cohesión social.

Porcentajes de elección de lengua base por provincias (consulta telemática)

Provincia	Votos por Valenciano	Votos por Castellano	Participación
Castellón	70,5%	29,5%	%
Valencia	57,8%	42,2%	%
Alicante	34,1%	65,9%	%

Este conflicto ha polarizado a la comunidad educativa. Por un lado, asociaciones de padres como la Confederación de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la nueva "APA Sagrada Familia" defienden la ley como un paso "muy positivo" e "igualitario" para garantizar el derecho de los padres a elegir. Por otro lado, la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya (FAMPA) y el catedrático Joaquim Dolz han criticado la norma, tildándola de "falsa libertad" que solo busca "discriminar la presencia del valenciano hasta su eliminación en algunos espacios".

Financiación, gestión y la dualidad de la red educativa

Otro factor crítico que contribuye a la deriva es la inversión pública. La Comunidad Valenciana ha mantenido un gasto por alumno en educación no universitaria consistentemente por debajo de la media nacional.

Gasto público por alumno en la Comunidad Valenciana vs. media nacional

Año	Gasto en la Comunidad Valenciana	Media Nacional
2013	4880 €	5231 €
2014	4995 €	5169 €
2015	5246 €	5436 €
2016	5510 €	5607 €
2017	5609 €	5779 €

Más recientemente, se ha denunciado una política de recortes. Los socialistas valencianos han señalado una reducción del 18% en becas universitarias y un drástico recorte del 57% en las ayudas para transporte universitario en 2024, en comparación con el presupuesto aprobado por el gobierno anterior. En respuesta, el ejecutivo actual ha defendido haber "reforzado como nunca" la política de becas. Esta discrepancia narrativa refleja un estado de desorientación en la gestión de los recursos, donde la batalla por la percepción pública de los presupuestos prima sobre un análisis transparente y objetivo.

La controversia sobre la financiación se extiende al modelo dual del sistema, que combina centros públicos y centros concertados. La noción de "libertad de elección" para las familias se ve comprometida por el cobro generalizado de cuotas en los centros concertados. Informes recientes de Esade revelan que el 82% de los colegios concertados en la Comunidad Valenciana cobran cuotas, con una media de 597 euros anuales. Esta práctica crea una barrera económica de acceso, generando una segregación socioeconómica de facto. La financiación pública de una red que, en la práctica, cobra "cuotas voluntarias" a las familias erosiona los principios de gratuidad y equidad de la educación obligatoria, contribuyendo a que el sistema se aleje de sus objetivos fundacionales.

Cuota media anual en colegios concertados por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma	Cuota Media Anual
Cataluña	1696 €
Madrid	1156 €
País Vasco	959 €
Comunidad Valenciana	597 €
Andalucía	453 €

La comunidad educativa, a través de sindicatos como ANPE, STEPV y CCOO, ha denunciado que esta falta de inversión se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para el profesorado y una falta de recursos en la educación pública. La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic también ha manifestado su rechazo a políticas como la recuperación del "distrito único", a la que tacha de segregadora, y a la paralización de proyectos de infraestructuras educativas.

Los indicadores de rendimiento: Cuando las cifras hablan

Mientras el debate político se centra en la lengua y la financiación, los indicadores de rendimiento muestran que los problemas del sistema educativo valenciano son de naturaleza más profunda. La tasa de abandono educativo temprano (AET) en la comunidad se situó en un 15% en 2023, por encima de la media española del 13,7%. Aunque la cifra se redujo a 12,88% en 2024, la persistencia de una tasa superior a la media nacional en 2023 es una señal de alarma.

El Informe PISA de 2022 también ofrece un diagnóstico de la situación. Aunque la Comunidad Valenciana se sitúa en la media española en competencia lectora y científica, se encuentra por debajo de la media en una competencia fundamental para el siglo XXI: el pensamiento creativo.

Puntuaciones de la Comunidad Valenciana en PISA 2022

Competencia	Puntuación de la C. Valenciana	Media Española	Media de la OCDE
Lectoras	Media española	474 puntos	474 puntos
Científicas	Media española	485 puntos	485 puntos
Pensamiento Creativo	32,5 puntos	32,8 puntos	32,7 puntos

Esta desconexión entre el debate público y los problemas reales es la manifestación más clara de la deriva. La energía política se consume en conflictos altamente mediáticos como la lengua o la gestión de los centros que, aunque relevantes, no abordan directamente las deficiencias sistémicas señaladas por los datos, la incapacidad del sistema para retener a los estudiantes y la necesidad de mejorar las habilidades de pensamiento crítico y creativo. La política educativa parece estar luchando en batallas equivocadas, mientras los desafíos pedagógicos y de equidad que realmente importan no reciben la atención ni los recursos necesarios.

Propuestas y conclusiones finales

Para superar la deriva, es fundamental un cambio de paradigma. Las propuestas de los partidos políticos a menudo reflejan la misma polarización que lastra el sistema, con enfoques opuestos sobre la libertad de elección de lengua, la financiación de la escuela concertada o la reducción de ratios. Si bien el Consell ha introducido medidas como el refuerzo de las matemáticas y la introducción de la educación financiera, estas son parches que no abordan la inestabilidad y la falta de consenso de fondo.

La única vía para la estabilidad reside en la construcción de un acuerdo educativo de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Dicho acuerdo debería:

Estabilización Legislativa: Establecer un marco normativo que no sea derogado con cada cambio de gobierno, permitiendo que las políticas exitosas maduren y den frutos.

Despolitización Lingüística: La gestión de las lenguas cooficiales debe basarse en criterios pedagógicos, no en eslóganes ideológicos, con el objetivo de promover el plurilingüismo real y no la segregación.

Compromiso con la Equidad: Un plan de financiación que no solo aumente el gasto por alumno, sino que garantice la gratuidad y la igualdad de oportunidades en todas las redes educativas, eliminando las barreras económicas de acceso.

Priorización de las Necesidades Reales: Desviar el foco del debate hacia los problemas fundamentales, como la reducción de las tasas de abandono y la mejora de las competencias del alumnado, invirtiendo en la formación del profesorado, el bienestar emocional y la innovación pedagógica.

En conclusión, la política educativa valenciana se encuentra a la deriva porque ha confundido el debate político con la gestión del sistema. El camino a seguir no es la batalla constante, sino la búsqueda de unos acuerdos que permitan a la educación navegar hacia un puerto de estabilidad, calidad y equidad.

Juan Manuel Sánchez Eugenio

Ingeniero Industrial–Ingeniero de Materiales e Ingeniero Técnico Industrial especialidad electricidad/electrónica

Profesor de Educación Secundaria, especialidad de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Profesor asociado del Área de Proyectos del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía–Escuela Politécnica Superior de Elche–Universidad Miguel Hernández

Asesor del ámbito CTEM (Científico, Tecnológico, Ingeniería y Matemáticas) en el CEFIRE Territorial de Elche