La educación bajo la lupa: Implantación de la nueva Ley de FP

La implantación de la nueva Ley de Formación Profesional (Ley Orgánica 3/2022), que entró en vigor con fuerza en las aulas de la Comunidad Valenciana, ha supuesto una auténtica revolución organizativa. El gran cambio es que toda la FP pasa a ser dual, lo que significa que el alumnado debe pisar la empresa desde el primer curso formativo.

Aunque sobre el papel la idea de una inmersión temprana suena excelente, la realidad de su aplicación práctica en el territorio valenciano ha levantado una enorme ola de protestas y críticas por parte de los sindicatos docentes (como STEPV, ANPE o CSIF) y de los propios equipos directivos de los centros.

Los grandes puntos de fricción de la FP Dual en la Comunidad Valenciana

El colapso burocrático: Docentes convertidos en administrativos

La crítica más unánime del profesorado es la ingente cantidad de "papeleo" que exige el nuevo sistema.

Los profesores ya no solo enseñan; ahora actúan como comerciales y gestores administrativos. Tienen que buscar de forma activa decenas de empresas dispuestas a acoger alumnos, redactar y firmar convenios individuales, y diseñar detallados planes de formación adaptados a cada una de esas empresas.

En lugar de preparar las clases o atender las dudas de los alumnos en el taller, los tutores de FP pasan horas rellenando plantillas de evaluación por competencias y gestionando plataformas de registro digital que muchas veces no funcionan correctamente.

El "reparto" forzado de alumnos (La falta de tejido empresarial)

La Comunidad Valenciana tiene un tejido empresarial compuesto de forma muy mayoritaria por pymes y micropymes (pequeños talleres, comercios locales, oficinas con apenas dos o tres empleados).

El problema del espacio: Una empresa pequeña apenas tiene margen físico o de personal para tutorizar a un alumno. Si se le obliga a acoger estudiantes desde el primer año (cuando apenas tienen conocimientos básicos de seguridad o de la materia), la empresa se satura.

La paradoja de los sectores: Mientras que en sectores como la informática o la administración es más sencillo encontrar hueco, en especialidades industriales pesadas, químicas o de sanidad, encontrar empresas suficientes y seguras para meter a alumnos de primer año se ha convertido en una misión imposible para los centros de las comarcas más pequeñas.

Alumnos "mano de obra" frente a alumnos en formación

Uno de los mayores temores de los docentes es la devaluación del "fundamento educativo" en favor de los intereses de producción de las empresas.

Al enviar a los estudiantes a la empresa tan pronto (en el primer curso), muchos aún no han adquirido las competencias mínimas de seguridad ni los conceptos técnicos básicos en el centro docente.

Los docentes denuncian que algunas empresas, al recibir a alumnos tan poco preparados, terminan asignándoles tareas repetitivas, mecánicas o de limpieza que aportan muy poco a su perfil profesional, utilizándolos en la práctica como mano de obra barata (o gratuita) en lugar de formarlos de manera integral.

La pérdida de horas de taller y docencia directa

Para que el alumno pueda pasar tantas horas en la empresa, se han tenido que recortar las horas de clase presencial en el centro.

Los profesores lamentan que se esté perdiendo el aula como espacio de debate, de ensayo-error y de maduración.

En el instituto, si un alumno comete un error con una máquina o un software, se analiza educativamente y se aprende de ello. En el entorno real de una empresa sometida a ritmos de producción y facturación, un error grave del alumno puede suponer un conflicto, lo que genera una presión y un estrés innecesarios en estudiantes de apenas 16 o 17 años que aún no están maduros.

En resumen: Una ley pensada para multinacionales aplicada a pymes locales

El sentir general en la comunidad educativa valenciana es que la ley se diseñó con un modelo mental "alemán" (pensado para grandes corporaciones industriales con departamentos de recursos humanos dedicados exclusivamente a la formación) y se ha encajado a la fuerza en una estructura educativa valenciana infrafinanciada y un tejido empresarial local que no puede absorber semejante responsabilidad.

El resultado es un sistema que funciona a base de la asfixia, el voluntarismo y las horas extra no pagadas de los tutores de FP en los centros públicos y concertados de la Comunitat.

 

Juan Manuel Sánchez Eugenio - Ingeniero Industrial